Archivo

Archive for the ‘SEGURIDAD PRIVADA’ Category

Una ley que puede convertir la seguridad en una mercancía que comprar y vender

enero 15, 2014 Deja un comentario

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

El Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, alerta de que con la aprobación de esta Ley, la seguridad puede dejar de ser un derecho y convertirse en una oportunidad de negocio.

A finales de 2013, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que sustituye al que ahora mismo está en vigor y que data de 1992. A falta de su aprobación en el Senado, el texto ya ha levantado ampollas. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, describe el nuevo texto “como un proyecto de Ley que rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que la Constitución atribuye, a nuestro juicio, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Una vez que el Senado dé luz verde a la nueva Ley, “dichas funciones podrán ser ejercidas indistintamente por nosotros o por la seguridad privada. Y el criterio para determinar que sean unas u otras podrá ser el económico, es decir, lo que resulte más barato”.

Pero lo más grave de todo, alerta, “es que los vigilantes de seguridad van a poder privar de libertad al ciudadano que será el que finalmente padezca los cambios”. Los más evidentes, explica, son que “en las calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil y estarán legitimados para detener, cachear e identificar a los ciudadanos”.

Para el portavoz del SUP, “con la aprobación de esta Ley se está renunciando a seguir concibiendo la seguridad como un derecho pasando a ser una oportunidad de negocio. La seguridad será, a partir de ahora, una mercancía que se podrá comprar o vender de forma que cada uno tendrá la seguridad que pueda pagarse”. De hecho, para Benito, las empresas de seguridad privada serán las más beneficiadas tras la aprobación de este texto. “Hasta el punto de que no es exagerado afirmar que con esta nueva ley han alcanzado sus últimos objetivos, la subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública ha terminado y ambas se colocan a partir de ahora al mismo nivel”.

De nuevo detrás de todos estos cambios está la falta de personal público. José María Benito calcula que “al año se crean una media de cien nuevas plazas, un número totalmente insuficiente frente a las 2.500 jubilaciones de media”. De esta forma, en cuatro años se pierden unos 10.000 policías y “para suplir esta falta de personal se va a empezar a contratar seguridad privada permitiendo que este tipo de empresas asuman competencias de la Policía Nacional y Guardia Civil”. Desde el último alto el fuego de la banda terrorista, dice, “el negocio de las empresas de seguridad privada ha bajado y, con esta nueva Ley, se están abriendo nuevas expectativas de negocio”.

Desde el Gobierno central son varios los argumentos que utilizan para defender la nueva ley. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández, asevera que “no se trata de privatizar la seguridad”, a la vez que apunta que “viendo los datos de la UE, en España faltan vigilantes y sobran policías”. Un argumento que el portavoz del SUP rechaza porque “nuestra situación en ranking de seguridad es muy diferente. España está a la cabeza en materia de seguridad”. De hecho, y según las estadísticas, dice, “los países con un ratio mayor de seguridad privada que España y menos ratio de seguridad pública tiene niveles de seguridad peores que nosotros”.

En definitiva, resume, “con este proyecto, el Ministerio del Interior pretende cambiar el liderazgo tradicional de lo público en la seguridad de los españoles por la mera apetencia de las grandes empresas por ampliar su negocio y, prueba de ello, son todas las cesiones que se hacen a las mismas en este texto”.

http://www.rioja2.com/n-93800-501-puede_convertir_seguridad_mercancia_comprar_vender

Anuncios
Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

¿Y si resulta que son inocentes y su actuación fue en defensa propia?.

enero 13, 2014 Deja un comentario

El pasado jueves un matrimonio francés denunció ante la Guardia Civil una supuesta agresión sufrida en presencia de sus hijos por parte de dos vigilantes de un centro comercial de Torrevieja (Alicante).

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido ya que, además de la denuncia de la pareja de turistas por presuntas lesiones, también consta otra por el mismo motivo contra el referido matrimonio presentada por uno de los agentes de seguridad privada del complejo comercial.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre cuando saltó la alarma en el momento en que la familia francesa, formada por los padres y dos hijos menores, se disponía a salir del recinto.
Dos vigilantes les condujeron a una habitación para realizar un cacheo y, en circunstancias no precisadas, se desencadenó un forcejeo con presuntas agresiones, las cuales, al parecer, fueron grabadas por uno de los hijos con una cámara.

Se ha de tener en cuenta que el vídeo es aportado “por la parte interesada, desconociendo si pudiera estar cortado o manipulado”.
Sobre las presuntas agresiones, se señala a que los vigilantes “tuvieron que engrilletar” a la mujer debido a su “agresividad” ya que “agredió con un zapato, escupió y mordió” en el brazo a uno de los vigilantes, y el marido hizo “lo propio” con el otro, según asegura en el comunicado.

Califican de falso que la intervención se llevase a cabo en presencia de los hijos del matrimonio, dado que “se quedaron fuera de la sala de atención al cliente en todo momento”.

Desde una organización sindical aseguran que los vigilantes de seguridad se rigen por las órdenes del director o jefe de seguridad, y en el caso de Torrevieja “las órdenes que tienen establecidas son las que llevaron a cabo”.
Esas órdenes son comprobar las bolsas de compra cuando salta la alarma antihurto y, si tras esta actuación siguen activas las alarmas, deben pedir “amablemente” a esa persona que les acompañe a la sala de atención al cliente para poder verificar “con más exactitud, evitando así una situación incómoda para los clientes”.

Fuente: http://www.lavanguardia.com

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

Los guardias del hipermercado de Torrevieja denuncian al matrimonio al que agredieron

enero 13, 2014 Deja un comentario

Alicante. (Ep).- La empresa responsable de los dos guardias de seguridad de un hipermercado de Torrevieja (Alicante) que presuntamente agredieron a una pareja de turistas franceses el pasado 30 de diciembre ha informado este jueves de que “mantiene abiertas las investigaciones correspondientes” tras haber “adoptado las acciones preventivas oportunas”.

En un comunicado, la empresa lamenta los hechos y rechaza “cualquier actuación ajena a las buenas prácticas” que rigen en su política, así como “actuaciones puntuales que pudieran ser reprobables por parte de sus empleados”.

Además, se pone “a la entera disposición de la familia implicada para el correcto y rápido esclarecimiento de los hechos”, al tiempo que ofrece “su absoluta colaboración en las diligencias o actuaciones que por las autoridades se estime oportuno efectuar”.

La Guardia Civil ha confirmado este jueves que está investigando la denuncia interpuesta por una pareja de turistas franceses por, supuestamente, haber sido agredidos por los guardias de seguridad de un hipermercado en Torrevieja, quienes, a su vez, también han presentado una denuncia a causa del incidente.

Las mismas fuentes han detallado que estas denuncias cruzadas se interpusieron el pasado día 30 después de un “altercado” en el centro comercial, que “se está investigando” aunque por el momento no se han practicado detenciones.

Por su parte, la Embajada de Francia y el Consulado general en Madrid han “obrado para que se aclaren los hechos”, al tiempo que lamentan los incidentes ocurridos el pasado 30 de diciembre en un supermercado alicantino.

Tanto la Embajada como el Consulado general han actuado para que se esclarezca lo sucedido y “mantienen el contacto con la familia para prestarle toda la asistencia que puedan”, según las mismas fuentes.

Según publican varios medios de comunicación, un hombre y una mujer de nacionalidad francesa han denunciado haber sido golpeados por los empleados de seguridad de un centro comercial. Los medios distribuyen además imágenes de un vídeo -grabado por uno de los dos hijos menores de edad que tiene la pareja, especifican- en el que se ve el momento.

Según la versión de la pareja, todo comenzó cuando sonaron las alarmas de seguridad al llegar a la zona de las cajas del hipermercado. Los vigilantes, entonces, hicieron que la familia pasara por un detector sin encontrar nada y los llevaron, posteriormente, a una habitación de seguridad donde se produjo la agresión.

Los turistas galos añaden que fueron atendidos en el servicio de Urgencias de un centro sanitario y, después, denunciaron los hechos.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/sucesos/20140110/54397974869/guardias-hiper-torrevieja-denuncian-matrimonio-agredieron.html#ixzz2qJN7hpar

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

Denuncian a Eulen por no formar a personal de seguridad en hospitales

enero 13, 2014 Deja un comentario

EL SINDICATO PRESENTA UN ESCRITO AL HOSPITAL REGIONAL INDICANDO QUE INCUMPLE EL CONTRATO

El sindicado CC OO ha denunciado que la empresa Eulen Seguridad, que da servicio al complejo hospitalario regional de Málaga lleva tres años sin formar a sus trabajadores y, por tanto, incumpliendo la normativa vigente y el contrato de arrendamiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Desde la sección sindical de Comisiones Obreras de Eulen Seguridad se ha dirigido un escrito a la gerencia del Hospital Regional, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga, donde exige «que se ejerzan las medidas disciplinarias» precisas contra Eulen para obligarle a cumplir el contrato y que forme a los vigilantes de seguridad asignados a todos los centros sanitarios de la provincia. Se trata de una plantilla de 112 vigilantes distribuidos entre el hospital regional universitario de Málaga (antiguo Carlos Haya), el Virgen de la Victoria (Clínico), el hospital de Antequera, las áreas de gestión sanitaria del Norte de Málaga, Este, Axarquía y Serranía y el distrito sanitario Málaga.
Comisiones también pregunta en dicho escrito a la administración si se va a exigir a Eulen que devuelva el dinero público que se ha ahorrado supuestamente al no facilitar los cursos de formación a sus trabajadores, y que según los cálculos del sindicato rondan los 80.000 euros.
Según la denuncia, el actual reglamento de Seguridad Privada establece, en su artículo 57 sobre Formación permanente, que para mantener «la aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada», las empresas, a través de los centros de formación autorizados, deben garantizar la asistencia de su personal para su «actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización».
Se recoge además que los cursos de actualización o especialización «tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior».
Desde la dirección del complejo hospitalario y sanitario de Málaga confirmaron a este periódico la recepción del escrito, pero esgrimieron que se trata de un «conflicto de la empresa con sus trabajadores», aunque el hospital se compromete a «solicitar a sus responsables información relacionada con el plan de formación destinado a estos trabajadores, en base a la normativa vigente en esta materia».
Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que el rendimiento de esta empresa «se encuentra dentro del contrato establecido, sin que haya habido ninguna incidencia hasta el momento en el desempeño de sus funciones».
No obstante, la obligación de la formación de los empleados -con 20 horas anuales por vigilante- queda recogida también en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por el SAS al señalar que la adjudicataria «deberá garantizar en todo momento que su personal posee el adecuado nivel de formación y capacitación específico para desarrollar el servicio en óptimas condiciones físicas, psíquicas y de entrenamiento». Además, se especifica que los vigilantes «deberán superar los cursos de reciclaje contemplados en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones, así como los cursos de formación permanente previstos en el artículo 57 del vigente Reglamento de Seguridad Privada». También el Pliego de Prescripciones Técnicas alude, en el apartado del marco jurídico, a dicho reglamento.
Es decir, las bases del contrato de la empresa con el complejo hospitalario incluyen por tanto las mencionadas atribuciones, y según el sindicato, «el SAS, o la gerencia en este caso, debe velar por que se cumpla», no sólo por la importancia que tiene la formación de los trabajadores de seguridad, sino por «la exigencia del cumplimiento de los contratos con la administración, al tratarse de dinero público que debe invertirse en la ejecución del contrato».
Sin embargo, desde CC OO insistieron en que el único curso que realizó la plantilla de seguridad del Complejo Carlos Haya de Málaga y, en su mayoría, los referidos centros sanitarios, se remonta al año 2010″, por lo que han transcurrido al menos tres años.
La empresa de seguridad Eulen inició contrato con los hospitales de Málaga, áreas de gestión sanitaria y distrito en septiembre de 2009. Dicha compañía continúa el servicio, ya que resultó adjudicataria del contrato actual con una duración de dos años, por un total de 8.042.303,50 euros, pudiendo prorrogar dos años más según las bases del mismo.
elmundo.es

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

Ni seguratas, ni seguritas: vigilantes de seguridad

enero 12, 2014 Deja un comentario

He de reconocer que la modificación de la Ley de Seguridad Privada que el Partido Popular ha aprobado en estos días es una chapuza que obedece más a los intereses de la patronal del sector que a la necesaria regulación del mismo. Quienes pertenecemos al sector de la seguridad privada desde hace mucho tiempo, sabemos del interés de las empresas del sector en invadir competencias de la seguridad pública y de esa manera incrementar la facturación y beneficios.
La atribución de carácter de agente de la autoridad, la capacidad de poder realizar controles en la calle y la realización de servicios en la misma, han sido objetivos claros desde los años ochenta por parte de las empresas de seguridad. En el gobierno actual, del Partido Popular más represivo que nunca, y en la situación de crisis en la que se encuentra nuestro país, han encontrado su oportunidad las empresas del sector para este cambio, y ello, a costa del riesgo que supone para las libertades civiles y la invasión de competencias en el terreno de la seguridad pública.
Han logrado una Ley que no soluciona los verdaderos problemas del sector, el principal y más importante, sería el de dar mayor protección jurídica al vigilante de seguridad en el ejercicio de sus funciones, el intrusismo, la mejora en el control de la formación, el exceso de horas de servicio, la competencia desleal, las infracciones continuas de las empresas, el incumplimiento del convenio colectivo o su desvinculación por la parte empresarial, los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo, el derecho de huelga de los trabajadores, etc; y sí amplía su campo de negocio.
La Ley que se está tramitando rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues es a partir de ahora cuando sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato. Pero estos cambios obedecen por un lado a una política privatizadora del PP y por otro a los intereses económicos de las empresas de seguridad privada, y es necesario resaltar que no revertirá en mejorar las condiciones de los trabajadores que prestan los servicios de vigilancia.
En estos días se están vertiendo descalificaciones en distintos medios de comunicación, no a las empresas sino a sus trabajadores, denigrándolos con ello. Estas críticas en muchas ocasiones se hacen desde un total desconocimiento de las funciones que un vigilante de seguridad tiene encomendadas, y que contribuyen a una activa colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parece que nadie se acuerda, no le ha ocurrido nunca, o ha conocido, que cuando le han robado, un vigilante de seguridad logró recuperar lo sustraído, o que cuando tuvo riesgo para su integridad física, o cuando su hijo se perdió, o cuando se ha encontrado atrapado, o cuando se ha herido, un vigilante de seguridad le ayudó, y así muchos más casos en los que un vigilante de seguridad estuvo allí, incluso arriesgando su vida, cuando realizaba su servicio. Como una cosa no quita la otra, según el dicho, pido respeto para un colectivo ya de por sí maltratado.
Como profesional de la seguridad privada quisiera dejar claro que no debemos permitir esta aberración de asimilar a los vigilantes privados con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pues no lo son y es más, en muchos casos no tienen la formación necesaria para desarrollar las nuevas funciones que tanto el PP como las empresas del sector están defendiendo, pero cosa muy distinta es que se les convierta en los culpables de esa privatización. Los vigilantes privados deben seguir colaborando pero nunca asumir unas funciones que tienen asignadas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
laprovincia.es

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

La ley de seguridad ya genera beneficios para ocho empresas del sector

enero 10, 2014 Deja un comentario

La experiencia piloto para vigilar el perímetro de 21 prisiones muestra que el margen de las compañías es de 1.850 euros al mes por trabajador

El proyecto de ley de seguridad privada que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, antes de su paso por el Senado, está suscitando no pocas controversias por la supuesta asunción de competencias públicas por manos privados, que presuntamente se va a producir en esta materia tan sensible. Algo que sólo podrá sustanciarse cuando, con el paso de los años, se haga la comparativa entre lo que ingresan ahora estas empresas privadas y lo que, tras la entrada en vigor de la nueva ley, puedan ingresar.

El Ejecutivo tiene claro, viendo los datos del resto de países de la Unión Europea, que aquí sobran policías y faltan vigilantes privados. En España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes frente los 385 de media en la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privados por 271 en Europa. Hay margen para cambiar las tornas y se va a hacer.

Oposición y sindicatos

Desde la oposición y los sindicatos policiales no hay dudas, se trata de un paso más hacia la privatización de servicios públicos. Argumento que las empresas de seguridad tratan de menoscabar al asegurar que en ningún caso los vigilantes privados sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley solucionará los problemas del sector, que son similares a los de muchos otros en tiempos de crisis. Menos contratos que han reducido la facturación un 20% en los últimos cinco años, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública.

Cogiendo los datos de la facturación en España de Prosegur, la empresa puntera del sector, se puede comprobar cómo, de seguir la tendencia registrada hasta el tercer trimestre, cerrará el ejercicio 2013 con unas ventas inferiores a los 900 millones de euros, algo que no se producía desde 2007.

Papel preventivo

En la letra de la nueva ley, el Gobierno, a instancias de las empresas del sector, trata de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos del actual modelo español de seguridad privada. Apuesta por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.

La gran duda existente es saber cómo se hará compatible esa integración de funciones con la desregulación de aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública. Algunos, como los cuerpos de policías locales, ya han mostrado sus recelos con la nueva ley porque creen que, a partir de ahora, los efectivos de seguridad privada podrían actuar en calles públicas por encima del mandato municipal.

Vigilar prisiones por 1.350 euros al mes

Mucho se está hablando de la cobertura de seguridad del perímetro de las prisiones con la entrada de la nueva ley, aunque la experiencia piloto que se lleva a cabo en 21 centros penitenciarios ya ha arrojado las primeras conclusiones.

Partiendo de los 7,39 millones de euros que abona el ministerio del Interior a las ocho empresas de seguridad por prestar el servicio durante nueve meses, un sindicato policial estima que con ese dinero las empresas pagan 1.350 euros al mes a cada uno de los 250 vigilantes, por lo que el margen para la empresa es de 1.850 euros al mes por trabajador.

De momento, los vigilantes en las cárceles son un complemento a la seguridad, pero está previsto que, cuando finalice la experiencia piloto, se queden definitivamente realizando esta labor.

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA

Una mirada crítica a la Ley de seguridad privada

enero 7, 2014 Deja un comentario

Lo primero que cabe preguntarse ante una nueva ley es ¿Qué ganamos con esto? La respuesta en el caso del proyecto de ley de seguridad privada es bien sencilla: Reducir costes. España es de los países con mayor número de policías en comparación con empleados de seguridad privada, mientras que en países como el Reino Unido, Australia, Irlanda o Canadá se cumple justo lo contrario. Y es que los policías son caros. De media un policía gana casi el doble que un investigador privado y más del doble que un guarda o vigilante de seguridad. Probablemente haya motivos para que así sea.

La industria de la seguridad privada parece carecer de la necesidad de reformarse para poder aspirar a ser una verdadera profesión o una vocación con credenciales. De hecho, una de las principales dificultades que afronta esta industria es su falta de legitimidad social. Lo que con esta palabreja trato de exponer es que no es muy común entre los españoles, el considerar a los vigilantes o guardias de seguridad privada como un servicio profesional en el más estricto sentido de la palabra. Al contrario, lo normal es pensar en el típico segurita estático a las puertas del banco o del centro comercial, el portero de discoteca o la patrulla móvil que vigila un complejo industrial a altas horas de la noche. No es por ello de extrañar que cuando se nos propone una ley que aumenta los poderes y funciones de estos trabajadores privados, nos echemos las manos a la cabeza. Independientemente de que nuestra percepción se ajuste o no a la realidad, lo cierto es que se trata de personas que responden ante una entidad a la que sólo preocupa su bienestar económico y que además, carecen de la misma preparación y responsabilidad institucional que aquellos a los que sí hemos otorgado legitimidad social para velar por nuestra seguridad: las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Lejos de menoscabar este oficio, muy respetable al igual que cualquier otro, mi intención es la de resaltar que la preparación, conocimientos y habilidades requeridas por la industria de la seguridad privada no son necesariamente transferibles al ámbito de la seguridad pública. Si vamos a darles más poderes y funciones… ¿No deberíamos cuanto menos, exigir una mayor preparación y un sistema regulador más eficiente? Si la industria privada ha de suplir o complementar a la policía en algunas de sus funciones más tradicionales, como mantener el orden en espacios públicos… ¿No deberían nuestros legisladores demandar estándares de cocimientos y competencias similares a aquellos exigidos a los profesionales del orden público?

En mi opinión, todo depende de lo que estemos dispuestos a aceptar como “seguridad pública”. Es decir, a qué tipo de servicios aspiremos bajo este concepto; a quién consideremos como válido a la hora de proveer estos servicios; y al tipo de vigilancia social e institucional que ejerzamos sobre estos vigilantes. Otra cuestión que también me inquieta hace referencia a cómo vamos a medir si de verdad estamos más seguros con esta delegación de poder y funciones a la industria privada. ¿Acaso mediante informes oficiales; estadísticas sobre la criminalidad; encuestas de percepción ciudadana? ¿Son estas medidas las apropiadas?

Como se indicaba en un artículo de El País: “La decisión […] ha sido adoptada con un debate demasiado escaso e impreciso para dar un paso de tanto calado”. Demasiadas preguntas quedan sin respuesta, mientras nuestros políticos parecen haber dado con una nueva fórmula para recortar servicios públicos y minimizar gastos sin dar demasiada importancia al bienestar ciudadano.

http://www.huffingtonpost.es/andres-lopez-rodriguez/una-mirada-critica-a-la_b_4518166.html?utm_hp_ref=es-politica

Categorías:SEGURIDAD PRIVADA