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VARAPALO JUDICIAL A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ

octubre 29, 2013 Deja un comentario

Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria, del Grupo Ralons y presidente de la U.D. Las Palmas, puede considerarse un prototipo del empresario que ha sido capaz de medrar cultivando las mejores relaciones entre la casta política. Primero del Archipiélago y, más tarde, a medida que se ampliaba el ámbito de sus lucrativos negocios, del conjunto del Estado español.

 

 

LAS BUENAS RELACIONES DEL “PRESI”
Utilizando hábilmente las posibilidades que se abrieron en su horizonte al convertirse en la cabeza visible de uno de los dos equipos de fútbol más representativos de las Islas y, según se ha conocido recientemente, realizando también generosas donaciones a los partidos políticos del establishment, Ramírez ha conseguido incrementar este nicho de negocios y su fortuna personal, así como eludir sin ninguna consecuencia denuncias tales como las de vulnerar la Ley de Seguridad Privada, quebrantar la legislación laboral o la de cometer presuntos fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
El pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solucionaba también al empresario el problema que le había ocasionado la única denuncia interpuesta contra él que había logrado prosperar en los tribunales. Condenado a tres años y un día de cárcel como autor de un delito contra la ordenación del territorio, por la realización de una obras en su finca La Milagrosa que invadían el Espacio Natural Protegido de Pino Santo, en Gran Canaria, el TSJC anuló la sentencia que denegaba la calificación territorial a las obras, abriendo así las puertas a su legalización.

 

¿UNA REEDICIÓN DEL SINDICALISMO VERTICAL?
Acostumbrado a los desenlaces felices de sus litigios es de suponer que a Miguel Ángel Ramírez debe haberle caído como un verdadero jarro de agua fría la sentencia emitida ahora por el Juzgado de lo Social Nº 10 de Las Palmas, que anula el proceso de elecciones sindicales celebrado en Seguridad Integral Canaria.

Según informan desde el sindicato Intersindical Canaria, el fallo judicial, emitido el pasado 10 de octubre y sobre el que no cabe efectuar ningún recurso, supone la culminación de “una larga lucha que combinó movilizaciones ante la empresa y denuncias en los juzgados”.

La sentencia -afirman desde esta organización – “desestima la demanda interpuesta por la empresa contra el laudo que daba razón a nuestra organización sindical y obliga a que se repita el proceso electoral desde el mismo momento de la elaboración del censo”.

El relato efectuado por IC sobre la forma en que se efectuó dicho proceso, avalado por la decisión judicial, rememora algunas de las prácticas propias del “sindicalismo vertical” de la dictadura franquista.

“En diciembre de 2012 -dicen – se llevaron a cabo unas elecciones sindicales totalmente fraudulentas en la empresa Seguridad Integral Canaria propiedad de Miguel Ángel Ramírez. En ellas en lugar de conformar, como manda la ley, dos colegios electorales una de Administrativos y otro de Especialistas (Vigilantes de Seguridad en su mayoría), se conformó una sola con todos los trabajadores y trabajadoras, con el objetivo de preparar una candidatura por un ente sindical creado por la empresa, con candidatos elegidos a dedo por el propio M. A. Ramírez, constituida en un 90% por mandos intermedios y administrativos afines a la empresa, dejando sin representación real a los trabajadores y trabajadoras de base (vigilantes, pagadores contadores, etc.) que son los que realmente sufren la explotación y maltrato de la empresa y de su poco ético empresario”.

“Además -continúan exponiendo desde este sindicato – sistemáticamente, y sin razones de peso, la Mesa electoral conformada por personas afines a la empresa, tiró abajo todas las candidaturas alternativas, incluida la de Intersindical Canaria, fuera de plazo y sin motivación legal alguna. Quedando solamente la llamada “Plataforma Independientes”. Es decir, la lista creada por Ramírez con gente de su confianza y que no representan los intereses de la plantilla de la empresa”.
DESAFÍO AL CONTROL DEL PATRONO RAMÍREZ

 

Para IC, el fallo judicial del Juzgado de lo Social Nº 10 de Las Palmas “constituye un palo muy duro contra Miguel Ángel Ramírez, en su intención claramente autoritaria de coartar la libertad sindical y conformar un comité de empresa servil a sus intereses y cómplice del maltrato contra sus trabajadores”.

No estará exenta de riesgos, en cualquier caso, la actividad sindical del nuevo comité que resulte elegido tras la repetición del proceso electoral, en un sector donde la precariedad de los contratos permite desembarazarse de los empleados “díscolos” con la mayor facilidad. Y menos aún en una compañía como Seguridad Integral Canarias donde, según denunciaba el delegado de IC Jacinto Ortega del Rosario en febrero de este mismo año, “se persigue implacablemente a quienes defienden los intereses de los trabajadores”.

La sentencia, no obstante, puede considerase una importante victoria para quienes, pese a tener que desenvolverse en el más adverso de los ambientes laborales, no se resignan a claudicar ante las pretensiones de dominio absoluto del presidente de la U.D. Las Palmas.

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